CARTA DESDE MADRID. «UN PAÍS DE LADRONES»

Carta desde Madrid: «Un país de ladrones», lucha contra la corrupción.

Un sistema judicial defectuoso y el legado del fascismo siguen infestando a los partidos políticos de España.

MADRID – El hedor de la corrupción se adhiere a la política española y especialmente al Partido Popular de Mariano Rajoy en el gobierno.

Entre julio de 2015 y septiembre de 2016, 1.378 funcionarios o políticos de todo el espectro de partidos se enfrentaron a cargos por corrupción, según el Consejo General del Poder Judicial.

El PP está tratando desesperadamente de mantener su letanía de escándalos fuera de la agenda política. Pero con el partido liberal Ciudadanos pisándole los talones en las encuestas y con casos que implican a las altas esferas y apenas abandonan los titulares, el partido se ha visto obligado a cambiar de postura. Mientras que anteriormente insistía en que las acusaciones eran infundadas o motivadas políticamente, el PP de Rajoy ahora reconoce que ha habido un problema.

Sin embargo, en un país frecuentemente atormentado por el escándalo, hubo un caso concreto que prometía arrojar nueva luz sobre los oscuros trapicheos del partido en el poder. Aun así, pocos anticiparon la franca admisión de mala conducta que ofreció un acusado clave en el caso.

Ricardo Costa, exsecretario general del PP de Valencia, compareció ante el Tribunal Superior en enero. Fue acusado de haber ayudado a administrar una red masiva de sobornos a cambio de contratos durante una década de auge económico en la región.

«Es cierto que el PP financió su campaña electoral de 2007 con dinero sucio»,

dijo en un momento dado. «No lo denuncié y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por ello. Reconozco las acusaciones y me disculpo.»

Costa, quien podría llegar a enfrentarse a ocho años de prisión si se le considera culpable, pasó a incriminar a su exjefe, Francisco Camps, de supervisar el plan de sobornos. Camps dimitió en 2011 por acusaciones similares a pesar de ser absuelto por los tribunales.

Tras el mea culpa de Costa ante el tribunal, el portavoz del PP, Rafael Hernando, describió la situación como «una vergüenza y pido disculpas a las personas que, de buena fe, votaron al PP».

«El invierno de 2018 está resultando particularmente frío para el PP en los tribunales», escribió el diario El País, que dijo que el partido de Rajoy actualmente se enfrenta a más de 50 investigaciones por prácticas supuestamente corruptas.

El PP (que se negó a hacer comentarios sobre el tema para este artículo) no es el único partido salpicado.

Otros casos que tiznan a las altas esferas implican a miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de Convergència Democràtica de Catalunya (partido nacionalista catalán), y apuntan con más razón a que la corrupción en la política española no tiene arreglo.

El índice sobre la percepción de la corrupción de Transparency International coloca a España en el lugar 42, detrás de Portugal, Costa Rica y Botswana. Como era de esperar, los españoles ven la corrupción como el segundo problema nacional más importante después del desempleo y a menudo se preguntan por qué su clase política es tan propensa a abusar del poder.

Para algunos, como el veterano líder comunista Julio Anguita, la respuesta es de una simpleza deslumbrante.

«Este es un país de ladrones y su sistema de justicia no funciona», dijo en 2009.

Pero mientras que las debilidades del poder judicial ayudan a explicar este fenómeno, otros miran hacia la historia y la cultura para averiguar por qué la política de España está corrompida.

Partidos políticos que actúan como «mafias»

Muchos de los abusos cometidos en la España moderna tienen sus raíces en la dictadura de Francisco Franco (1936-1975). Contrariamente al mito generalizado, el gobierno de Franco fue profundamente corrupto: el dictador se enriqueció y puso en práctica lo que su biógrafo Paul Preston describió como «pillaje institucionalizado».

«Los países surgidos del fascismo, ya sea España o en América Latina, hemos heredado las estructuras corruptas de ese fascismo», indica el humorista argentino Darío Adanti. «Y cuando la democracia llega, no es fácil desmantelarlas; al contrario, la democracia crece sobre esos cimientos.»

Adanti y un grupo de colaboradores han canalizado la indignación de los españoles ante las infracciones de sus representantes a través del humor subido de tono de la revista Mongolia. (La portada de su edición de febrero mostraba a Francisco Camps retocado con un bigote de Hitler y el titular «Mein Camps».)

Los años posteriores a la dictadura fueron un período clave para España por lo que respecta a su relación con el soborno, explica Edu Galán, otro redactor de Mongolia. La modernización exprés de la época y la adhesión del país a la Unión Europea en 1986, prosigue, fueron una bendición y una maldición al mismo tiempo.

«Gestionar una cantidad tan grande de dinero en una democracia tan joven es muy difícil a menos que se mantengan los métodos aprendidos durante la dictadura», continúa.

En 1990, el gobierno del PSOE se vio envuelto en un escándalo y su vicepresidente Alfonso Guerra finalmente tuvo que dimitir debido a la conducta reprobable de su hermano Juan, en el que sería el primero de varios casos que salpicarían a la administración socialista.

Una investigación reciente ha revelado hasta qué punto los funcionarios del PSOE explotaron el poder en la comunidad de Andalucía, donde el partido ha gobernado sin interrupción desde el retorno a la democracia. Dos expresidentes regionales, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, están siendo actualmente procesados por su presunta participación en una estafa que incluía paquetes fraudulentos de jubilación anticipada, subsidios empresariales y comisiones por un monto de 136 millones de euros.

Los focos de corrupción en España revelan un patrón:

las comunidades en las que el poder se concentra en un partido político son especialmente susceptibles de padecer corrupción funcionarial.

Jaume Muñoz, autor de una historia de la corrupción española, La España corrupta, señala que en Andalucía, «la única institución que tiene más edificios por ciudad que la Iglesia Católica es el PSOE».

Por otra parte, entre los baluartes electorales del PP se encuentran las comunidades de Madrid y Valencia, ambas vinculadas inextricablemente a los escándalos de sobornos.

La corrupción se produce «porque hay un poder casi ilimitado en lugares en los que [los partidos] han ocupado mucho tiempo el gobierno sin que nadie aporte un control ni un contrapeso», según Joan Coscubiela, exportavoz del partido de izquierdas Catalunya Sí Que es Pot (CSQP).

Ante tales circunstancias, los partidos políticos «se convierten en una especie de mafias, tienen poder», prosigue Muñoz. «La gente no se queja del daño que hacen. [En ese contexto], el PP, el PSOE o Convergència se convierten en un poder fáctico más que en un partido político.»

Esto también ocurre en Cataluña,

donde la fuerza dominante desde la transición democrática ha sido Convergència, el predecesor del Partido Demócrata Europeo Catalán de Carles Puigdemont (PDeCAT).

En 2014, se aguó la fiesta con el escándalo protagonizado por su fundador y exlíder, Jordi Pujol, el padrino del nacionalismo catalán moderno, después de que éste confesara que escondió una fortuna en paraísos fiscales fuera de España. En enero, el extesorero del partido, Daniel Osàcar, fue encarcelado por su participación en una trama que utilizaba el lujoso Palau de la Música de Barcelona como tapadera, para desviar 35 millones de euros mediante una contabilidad falsa. En total se canalizaron ilegalmente 6,6 millones de euros en comisiones ilícitas a las arcas de Convergència.

«Todo se lo llevó… el partido», explica Emilio Sánchez Ulled, el fiscal, para resumir el caso. «No es solo una forma de hablar, es una mentalidad, una forma de pensar, y esa es la parte más triste de todas.»

Déficit democrático

A pesar de la gran cantidad de casos en los últimos años, hay quienes creen que la era de la impunidad está llegando a su fin.

En particular, tres demandas presentadas contra el exministro de Economía del PP, Rodrigo Rato, se consideran verdaderos hitos. Rato, que también ha sido director gerente del FMI y presidente de la entidad crediticia Bankia, actualmente está en un proceso de apelación de una sentencia de cárcel de cuatro años y medio. Esto es por su participación en la distribución de tarjetas de crédito no registradas a los miembros del consejo del banco —él mismo incluido— que las utilizaron para gastar millones en costes privados.

Rato también está a la espera de juicio por otros dos casos en los que se le acusa de prácticas fraudulentas durante su presidencia del banco.

Fue un pequeño grupo de activistas digitales,

nacido del movimiento de protesta de los indignados en España, el que inicialmente llevó a Rato ante la justicia. Con el nombre de 15MpaRato, los activistas crearon un buzón anónimo en línea para informadores y usaron sus contenidos para incriminar al expolítico y financiero.

Simona Levi, una artista italiana que forma parte del grupo, describe el ajuste de cuentas a Rato como su «mayor obra de arte».

Levi está convencida de que los partidos políticos de España y su connivencia con los bancos y otras instituciones supuestamente apolíticas están en el centro del problema de corrupción del país, junto con fiscales mediocres. Pero también insinúa que hay un factor de carácter más bien cultural, señalando que las naciones de la periferia sur de Europa son particularmente vulnerables, debido a sus inmaduras o frágiles tradiciones democráticas.

«La corrupción es un sistema extractivo, como el sistema de terratenientes o la esclavitud. Hay un grupo organizado que se queda con el dinero», explica.

«La democracia no resulta un buen entorno para que tales personas puedan operar, porque requiere transparencia y una serie de cosas que no les ayudan». Y agrega «Grecia, Italia, España, Portugal… Todos estos países tienen un enorme déficit democrático.»

En España, el sistema de justicia contribuye a ese déficit. Una encuesta del Eurobarómetro del año pasado muestra que los españoles tienen menos fe en la independencia del poder judicial que cualquiera de sus vecinos de la UE, a excepción de Hungría y Polonia. El año pasado, el nuevo fiscal general anticorrupción, Manuel Moix, dimitió después de que los Papeles de Panamá revelaran que tenía activos ocultos en una compañía offshore.

Pero también existe la sensación de que los medios no han auditado a los políticos y las empresas con suficiente rigor.

Su mala facturación durante la última década ha obligado a los periódicos a realizar despidos masivos, dificultando el periodismo de investigación. Además, después de que los grandes grupos mediáticos se expandieran durante el auge económico del país hacia otros ámbitos, como el editorial, el inmobiliario y el de la televisión por cable, se volvieron cada vez más reticentes a informar sobre los sectores o poderes que los sustentaban.

Santander, CaixaBank y HSBC se encuentran ahora entre los accionistas de Prisa, el grupo mediático que publica El País. Otro grupo importante, Mediaset, está controlado por Fininvest, de la familia Berlusconi.

«¿Cómo va a cubrir un periódico una historia de corrupción [sobre un banco] si el banco tiene acciones en ese mismo periódico?»

comenta Adanti. «Los medios principales han dejado de operar como el cuarto poder del Estado.»

En 2014, el editor saliente de El Mundo, Pedro J. Ramírez, afirmaba que Rajoy había presionado a los propietarios del periódico para que lo despidieran por las explosivas alegaciones que había publicado sobre el extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Una de las paradojas de la reciente era de la vergüenza en España es que las dimisiones de cargos públicos son relativamente infrecuentes. Y, en muchos casos, los votantes no han castigado a sus líderes. En 2016, a pesar de una serie de escándalos, el PP ganó suficientes escaños para formar un nuevo gobierno. No es de extrañar, dice Jaume Muñoz, que los políticos «sientan la impunidad que los políticos de la época de Franco solían sentir».

«No obligamos a nuestros líderes a representarnos, simplemente los seguimos». Continúa. «Hay demasiadas personas en España que piensan que la democracia es ir a votar cada cuatro años y no pedirle cuentas a la gente que está gobernando.»

Guy Hedgecoe es un periodista afincado en Madrid y autor de Congelando a Franco: La batalla por la memoria de España (2015).

Foto: AFP vía Getty Images | Philippe MarcouEspaña está plagada de escándalos de corrupción que se remontan a los tiempos de Franco.
 
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