JUSTICIA CON DOBLE RASERO

La reciente sentencia contra unos jóvenes navarros a altas condenas de prisión y los cargos contra políticos catalanes ilustran la naturaleza política del poder judicial en España: el enemigo está a la izquierda.

La madrugada del 15 de octubre de 2016 durante las fiestas Altsasu (español: Alsasua), un pueblo de Navarra, se produce una pelea de bar entre varios adolescentes y dos agentes de la Guardia Civil.

Balance de daños: un labio hinchado y un tobillo roto.Hasta aquí nada inusual en un país como España, donde hubo 9.571 peleas entre la policía y los ciudadanos en 2016, que fueron clasificados como resistencia a la autoridad del Estado. También en el caso de Altsasu se interpone una denuncia de este tipo ante las autoridades locales.

Pero entonces, sucedió algo inesperado: “Nos asustamos cuando vimos lo que ciertos periódicos españoles y la televisión estaban haciendo del caso en el que nuestros hijos estaban involucrados. Se alegó que nuestro pueblo Altsasu estaba dividido, que aquí los agentes de la Guardia Civil no podían moverse libremente sin ser insultados por los ciudadanos.”

“Describían una situación de violencia extrema que no tiene nada que ver con la realidad del lugar.”

“La prensa preparó el terreno para lo que vino después”, explica Bel Bozueta, madre de Adur, ahora de 23 años, uno de los ocho condenados en este caso.

La abogada de Adur, Jaione Karrera, describe la sucesión de los acontecimientos: “Unas semanas después de la pelea, una organización de defensa de víctimas del terrorismo presentó una demanda en la Audiencia Nacional de Madrid.”

“La Audiencia Nacional solo es responsable de crímenes particularmente graves como el terrorismo, y los fallos siempre implican sentencias de prisión muy altas”. De hecho, se está intentando vincular a estos jóvenes con un movimiento que pide la retirada de la Guardia Civil del País Vasco, e indirectamente con la organización vasca Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad, ETA).

Un caso de terrorismo.

Hemos afirmado en repetidas ocasiones que nunca ha habido pruebas de que alguno de estos jóvenes sea parte de tal movimiento. Esas peleas ocurren todos los fines de semana en todo el país, a veces con armas, bates de béisbol, con lesiones más graves como consecuencia. Ninguno de esos casos ha llegado jamás a un tribunal especial, explica la abogada. Los tribunales locales competentes también afirman que no hay indicios de terrorismo y que el caso debe ser enjuiciado localmente.

Pero Madrid insiste. La disputa sobre la competencia parte del Tribunal Supremo. Este no excluye el delito de terrorismo y pasa el caso a Carmen Lamela, jueza de la Audiencia Nacional, la misma que un año más tarde encarcela preventivamente al candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Sánchez, y al presidente de la organización catalana Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por cargos de “sedición”.

Las familias de Alsasu observan los eventos con decepción y miedo.

“La Guardia Civil tiene un gran poder y una historia lúgubre. Conocemos a este cuerpo policial del País Vasco en tiempos de ETA, fue terrible. Y hemos visto desde el principio que había un interés político en convertir en algo muy gordo nuestro caso”, explica la madre de Adur.

Lo que más les indigna es un tweet del entonces jefe de gobierno, Mariano Rajoy, en el que aseguraba que este ataque contra la Guardia Civil no quedaría impune. La madrugada del 14 de noviembre, los agentes llaman a la puerta de su casa y se llevan a su hijo. Otros siete amigos suyos también son arrestados.

La acusación es de terrorismo.

El Fiscal General pide entre 50 y 61 años de prisión para siete de los acusados y a una joven se la quiere encarcelar 12 años. “Hubo un período de investigación muy corto. Se tomaron las declaraciones de nuestros defendidos en la Audiencia Nacional y los encarcelaron cerca de Madrid por un supuesto riesgo de fuga. Tres de ellos permanecieron en prisión preventiva durante 19 meses, bajo condiciones especiales que se aplican a terroristas”, explica Jaione Karrera.

La madre de Adur describe lo que eso significaba para el, por aquel entonces, estudiante de magisterio y músico: “Todas las comunicaciones estaban controladas. No se les permitía participar en actividades en la prisión. Eran sometidos a los más estrictos controles de seguridad. Solicitamos una entrevista con un psicólogo porque los primeros meses fueron muy difíciles para nuestro hijo. Eso fue en agosto de 2017, el psicólogo lo vio por primera vez en junio de 2018.”

Sin un juicio justo.

La abogada de Adur está convencida de que la judicatura es parcial hacia su defendido. “No se habría llegado a esta acusación tan desproporcionada ni a una prisión preventiva si los acusados no hubieran sido de Euskal Herria. El proceso entero ha sido un completo anacronismo.”

ETA depuso las armas en el año 2011. En ese momento los acusados aún eran menores de edad. “Todas nuestras pruebas fueron rechazadas. Solo contó el informe de los agentes afectados de la Guardia Civil. No se nos permitió presentar documentos, vídeos, ni pruebas objetivas, como un plano del bar, para representar al menos una versión distinta a la de la acusación”. Tampoco se admitieron pruebas de la defensa que hacían referencia a la situación política del pueblo, aunque una parte de la acusación de terrorismo precisamente se refería a ello.

Pero la cosa aún va a peor.

En febrero de 2017, la defensa descubre que una de las juezas instructoras es la esposa de un oficial de la Guardia Civil y ella misma ha sido condecorada por esta policía militar. Sin embargo, se rechaza una recusación por parcialidad.

Las sentencias dictadas el 1 de junio son correspondientemente duras. Si bien la Audiencia Nacional, por temor a que el caso pueda ser anulado posteriormente, exonera a los acusados del cargo de terrorismo, con todo, los jóvenes acaban siendo condenados por lesiones, desórdenes públicos y ataques a la autoridad del Estado. Tres de los acusados reciben la condena máxima de 13 años, los otros nueve años, la joven, dos años. La defensa presenta recurso de apelación. Sin embargo, todos los condenados son arrestados por la Guardia Civil a los pocos días de dictarse la sentencia.

Las familias protestan por las desproporcionadas penas y las numerosas irregularidades.

Miles de personas, también de otras partes de España, vienen a Euskal Herria para manifestarse con ellos en las calles. “No hubo presunción de inocencia. Desde el principio, solo se tuvo en cuenta la versión de la acusación, no la de la defensa”, resume la abogada Karrera.

Además, los acusados ya cumplieron prisión preventiva a casi 400 kilómetros de sus hogares. Esta política de dispersión ha sido practicada con los prisioneros vascos durante décadas, desde el otoño pasado también en el caso de los separatistas catalanes encarcelados. Bel Bozueta, la madre de Adur, ve ante todo una motivación política detrás del veredicto: »La Guardia Civil es un elemento importante de la unidad de España, se considera un pilar de la nación española.

Y a pesar de que la acusación de terrorismo era insostenible, acabamos de ver hoy en la televisión cómo seguían argumentando en esa dirección, para que el ciudadano español común continúe creyendo que nuestros hijos son en cierto modo terroristas.

Hay un propósito claro detrás de estas sentencias: venganza.

Aquí Bel también ve paralelismos con los activistas y políticos catalanes encarcelados, en ambos casos, se puede ver que no existe una separación de poderes efectiva en España.

Guàrdia Civil

La Guardia Civil no es una fuerza policial cualquiera. Este cuerpo estacionado (cuyo lema es: “el honor es mi divisa”), que desempeña tanto funciones militares como civiles, fue uno de los instrumentos represivos del dictador Francisco Franco. Ha sido acusada repetidas veces de practicar torturas – Agentes de la Guardia Civil en Segovia (13.1.2010) Foto: EPA / CHEMA MOYA

 

Prisión preventiva prolongada

Los familiares y abogados catalanes también se quejan de una prisión preventiva desproporcionada y de errores de procedimiento. El exconseller de Asuntos Exteriores y Relaciones institucionales del gobierno de Puigdemont, Raül Romeva, está detenido por segunda vez en pocos meses.

No fue hasta mediados de junio que el Tribunal Supremo español confirmó los cargos contra él y otros 14 políticos catalanes por rebelión y sedición, penados respectivamente con 30 y 12 años de prisión. “Rebelión implica violencia en España, pero mi marido no sostuvo ni una piedra en la mano”, dice Diana Riba, esposa de Romeva.

Critica que los miembros del gobierno catalán encausados apenas tuvieron tiempo de consultar debidamente a sus abogados. Txell Bonet, pareja de Jordi Cuixart, que lleva ocho meses en prisión, está convencida de que el juicio no será justo. “Es como el caso de Altsasu: Exigen el castigo máximo para encerrarlos. Al final, quizá no sean condenados por rebelión, tal vez la sentencia sea menor que en el caso de los jóvenes vascos. Pero serán condenados, a pesar de que no hubo violencia.”

Jaume Alonso-Cuevillas representa a algunos de los políticos catalanes en el exilio, entre ellos Carles Puigdemont. Alonso-Cuevillas trabaja como abogado desde hace 35 años y es catedrático de derecho penal en la Universidad de Barcelona. “En España, la prisión preventiva se suele utilizar desproporcionadamente como una especie de castigo prematuro.

En nuestro caso está claro que se trata de una maniobra de disuasión.

Se trata de que ni a vascos, ni a canarios se les ocurra imitar a los catalanes. “Al igual que la abogada vasca Jaione Karrera, Alonso-Cuevillas está convencido de que se han violado derechos fundamentales de sus clientes.

Además, le dificultaron la defensa: “Nos avisaron con muy poca antelación de que los acusados estaban convocados a las nueve en punto del día siguiente acusados de rebelión, que en caso de una condena podría significar 30 años de prisión, en Madrid, es decir, a 650 kilómetros de distancia. Recibí 150 páginas de documentación, pero no se adjuntaron pruebas.”

El abogado catalán también lamenta un abuso del derecho penal: “Se podría decir que es desobediencia, no rebelión. Por supuesto, perturbar el orden constitucional por la fuerza es un delito en todas partes.

En España esto sucedió el 23 de febrero de 1981 en el intento de golpe de Estado de la Guardia Civil o el golpe militar de Franco en 1936. Pero aquí no hubo violencia, sino un proceso democrático. El problema es que tanto la fiscalía como el Tribunal Supremo se ven a sí mismos como víctimas. Y es por eso que no se juzga con objetividad”, dice Alonso-Cuevillas.

Poder Judicial conservador.

Joaquín Urías, exvocal del Tribunal Constitucional español y profesor de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla, no cree que estos procesos contra vascos o catalanes sean un problema de falta de separación de poderes. Sin embargo, le da la razón al abogado catalán en términos de objetividad: “En España, los jueces no hacen lo que el gobierno les dice.

Pero el problema es que los jueces mismos representan una ideología determinada. No es un problema de independencia del poder judicial, sino de su neutralidad. “Esto se aplica sobre todo a las más altas instancias de España, donde los jueces son nombrados por el Estado.

En estas instancias las posturas conservadoras son las predominantes. Para Urías, el caso de Altsasu es un ejemplo típico: “Hay un conflicto entre un policía y un ciudadano. El juez siempre da la razón al policía, repito: siempre. Esto asusta a cualquiera. “En su opinión, en un Estado democrático los jueces tendrían que proteger a los ciudadanos del Estado, pero en España, los jueces protegen al poder estatal del ciudadano.

“Cada vez que hay un conflicto entre un ciudadano y un agente de policía, incluso si el agente de policía ha cometido el crimen, los jueces decidirán a favor del policía.”

Especialmente en el caso de la violación en grupo de la denominada “manada” (“La Manada”), que tuvo lugar en Pamplona en julio de 2016 y provocó protestas en todo el país porque los jueces determinaron que había habido abuso sexual, pero no violación, por lo cual los acusados fueron puestos en libertad durante el procedimiento de apelación, llamó la atención que dos de los involucrados fuesen miembros del ejército o de la Guardia Civil.

El experto en derecho constitucional considera que el motivo radica principalmente en la “Transición”, nombre con el que se designa la transición a la democracia a partir de 1978 en España. “A diferencia de Alemania, el poder judicial no cambió en absoluto después de la dictadura. Votamos tras la muerte de Franco una nueva constitución, pero los mismos jueces que habían aplicado las leyes franquistas hasta 1975, es decir, leyes directamente fascistas, tuvieron que pasar a aplicar esa constitución.

Por eso tardan tanto en afianzarse los derechos y valores de la constitución en la judicatura española.” Un gran problema es también la formación. “En otros países, los aspirantes a jueces adquieren experiencia con casos reales, asisten a otros profesionales, ven algo de mundo. En España, solo tienes que estudiar durante al menos cinco años y tener mucho dinero para pagar un tutor caro”, explica Urías. El trasfondo social de los jueces es muy homogéneo. Esto también contribuye a la orientación conservadora mayoritaria de la judicatura española.

Otro problema que Urías percibe es la legislación en sí.

El derecho penal español se está volviendo cada vez más ideológico. “No es posible aplicar ciertas leyes sin que el juez las interprete políticamente, no hay fundamentos de hecho”, advierte. Un ejemplo es la “Ley de seguridad ciudadana”, por ejemplo en el caso del “delito de odio”.

Recientemente, hubo un juicio porque el periodista Antonio Maestre fue amenazado de muerte por un agente de policía en Twitter. “Ese policía pagó una multa de 200 euros. Al mismo tiempo, el rapero Valtónyc, que había amenazado a un empresario en Mallorca en una de sus canciones, fue condenado a dos años de prisión, a partir de la misma ley. Aquí se ve muy claramente: si un agente de policía amenaza a una persona de izquierdas, el juez dice: “Bueno, eso no es tan grave”. Si una persona de izquierdas amenaza a un empresario de derechas, será encarcelada.”

Un fascista como víctima.

Otro ejemplo es el caso de Luis Carrero Blanco, el sucesor designado por Francisco Franco, que fue asesinado en 1973 en un atentado de ETA. Por haber hecho una broma en Twitter sobre la muerte de Carrero Blanco, la estudiante Cassandra Vera fue sentenciada a un año de prisión. “El juez dictaminó a partir del artículo 579 del Código Penal (“enaltecimiento del terrorismo”) que Carrero Blanco era una víctima del terrorismo.

Es como si alguien hubiera matado a Hermann Göring en un atentado en Alemania y más tarde este fuera reconocido como víctima de terrorismo”, explica el jurista. Entre otras cosas, porque el “caso Cassandra” apenas se habría aguantado ante el Tribunal Europeo de Justicia, el Tribunal Supremo revocó esta sentencia en marzo del presente año.

Según Alonso-Cuevillas, esos casos demuestran que la judicatura española es impredecible, lo que debilita la confianza en la jurisprudencia: “El poder judicial debe ser predecible hasta cierto punto. Pero en España los juicios pueden ser muy diferentes para casos absolutamente idénticos«. Él también ve un problema en el derecho penal en sí mismo. “La definición ambigua de algunos tipos delictivos en derecho penal hace posible que de delitos pequeños se fabriquen delitos grandes, como en el caso de la sedición.”

Paralelismos con la lucha contra ETA.

Alonso-Cuevillas advierte de una situación en la que la ciudadanía está plenamente a merced del Estado. Si los políticos catalanes acusados de llevar a cabo el referéndum de independencia fueran condenados, habría un precedente, y en el futuro, cualquier manifestación contra un desahucio, en el que la policía no pudiese llevar a cabo su trabajo, podría interpretarse como una rebelión.

Además, es inquietante que Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, el órgano supremo de la judicatura, haya establecido la preservación de la unidad territorial del Estado como una de las tareas primordiales de la jurisprudencia española.

“Así se ha intentado justificar la gran vulneración de derechos fundamentales que estamos experimentando. La falta de garantías, el abuso de la prisión preventiva, la desproporcionalidad en la aplicación del derecho penal. Aquí se percibe un esquema similar al practicado con ETA en el pasado en el País Vasco. En ese momento los jueces pensaban que todo estaba justificado contra ETA, incluso la vulneración de derechos fundamentales. En nuestro caso, no ha habido víctimas mortales”, explica el abogado catalán.

Joaquín Urías lo resume en pocas palabras: “Los tribunales españoles siempre defienden el poder por encima de los ciudadanos en lugar de a los ciudadanos. Ningún juez en activo lo admitirá públicamente. Los jueces deberían proteger los derechos y a las personas, no al poder del Estado. Pero en España lo hacemos justo al revés.”

Pie de foto: Le podría haber tocado a cualquiera de ellos: protesta masiva por los fallos de la Audiencia Nacional contra ocho jóvenes navarros implicados en una pelea con dos agentes de la Guardia Civil en otoño de 2016 (Pamplona, ​​15.6.2018)
Foto: AP Photo/Álvaro Barrientos

Noticia original – jungeWelt (10/07/2018)

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedintumblr

Compartir esta publicacion

Dejar un Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Puedes usar estos HTML tags y atributos: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*